domingo, 13 de noviembre de 2016

AMBIENTE

La iniciativa Ambiente en Acción es liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) que organiza y activa las acciones centrales del Sector Ambiente, ya sea de manera individual o multisectorial.


Luego de identificar acciones y metas concretas que contribuyan a generar un consenso social sobre los principales temas ambientales del Perú, el Ministerio del Ambiente se propone contribuir al conocimiento ciudadano, con el fin de mostrar –ordenada y sistemáticamente– las acciones concretas realizadas por el Sector Ambiental, sus resultados y su capacidad de gestión.

La Dirección de Asuntos Sociales (DAS) trabaja coordinadamente con diferentes entes nacionales que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos; y con organismos internacionales dedicadas a la agenda social internacional y a la promoción de políticas sociales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desarrollo e Integración Fronteriza

El Ministerio de Relaciones Exteriores creó dentro de su estructura orgánica la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza (DDF), ente rector en los temas vinculados a la integración fronteriza, encargada de aportar al proceso de Descentralización y apoyar al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras en la promoción de acciones para el desarrollo de las regiones de frontera, así como para brindar impulso a los procesos de integración fronteriza con los países limítrofes, orientados al objetivo de construir la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza.

Debido a diversos factores, se han creado en las zonas de frontera importantes brechas y asimetrías internas y fronterizas que solamente podrán ser atendidas dentro de una estrategia nacional de mediano y largo plazo.

La formulación y construcción de una Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza ha venido requiriendo de esfuerzos multidireccionales orientados a fortalecer su marco institucional, desarrollar normativa específica (Ley Nº 29778, Ley Marco de Fronteras), formular lineamientos concertados de política, diseñar una metodología de intervención, comprometer el financiamiento y gestionar, ejecutar y/o supervisar proyectos modélicos de responsabilidad multisectorial en las zonas de frontera.

Los dos consensos más pronunciados de los grupos políticos que concurren al actual proceso electoral son la mejora de la institucionalidad ambiental y garantizar un manejo participativo y eficaz del recurso hídrico. Ambos acuerdos fluyen del reciente foro sobre desarrollo sostenible realizado por La República y Frecuencia Latina con el auspicio del JNE, IDEA Internacional, PNUD, PUCP, Telefónica y la veeduría de la Asociación Civil Transparencia.

Sobre el primero de estos consensos los participantes reconocen los avances de los últimos años, desde la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Sin embargo también concuerdan en la debilidad de estos organismos frente a regulaciones ubicadas en otros sectores y la vulnerabilidad de las políticas, sea por su falta de conexión con otras partes del Estado como por la presencia de lógicas contrarias a las políticas económicas sostenibles en los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.

Sobre el agua, los representantes de los partidos asistentes al foro coincidieron en la necesidad de incrementar la autonomía de la ANA y resolver los problemas de reserva, riego y servicio desde una perspectiva de cuenca y ordenamiento del territorio.

En el foro se ha constatado un desigual interés de los grupos políticos por el Cambio Climático. Mientras algunos representantes ponen énfasis en su carácter transversal como desafío público, otros lo sitúan todavía como un problema estrictamente ambiental, de modo que se aprecia un escaso interés en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) aprobados por las NNUU en setiembre último.

Todos los asistentes han reconocido el desarrollo experimentado por los derechos ambientales en el Perú y, en esa medida, aunque en distinta intensidad, se han expresado en favor de la aplicación de la Ley de Consulta Previa así como de otros tipos de consulta y participación de los ciudadanos en los procesos de concesión de proyectos de inversión pública y privada desde una perspectiva de diálogo y respeto de las poblaciones y de la inversión.

Otros dos elementos que han concitado interés de los partidos es el desarrollo de las energías renovables aunque se constata vacíos en la legislación y retrasos en el Estado para ordenar y concesionar los proyectos. Del mismo modo, la necesidad de producir políticas más eficaces de economía limpia para que esta opción no sea marginal sino central del desarrollo económico pasa por que el Estado asuma una actitud más audaz y activa.

A pesar de las debilidades de los programas oficiales presentados y sus vacíos, se aprecia que todos los grupos políticos tienen en sus filas especialistas y afiliados con una preocupación genuina ambiental y capacidad técnica instalada. Es deseable entonces que sean escuchados por sus líderes y partidos en un asunto crucial para el país.

NUESTRAS TRADICIONES

Existe base suficiente para afirmar que en el Perú la preocupación sistemática por el conocimiento, la conservación y el manejo racional de los recursos naturales tiene sus raíces en la experimentación desarrollada por los primeros pobladores andinos (Earls, 1989). Este aporte todavía no ha sido suficientemente valorado en función al conocimiento universal que ya tenemos. Se sabe que en la historia de la humanidad la civilización apareció originalmente, con seguridad, sólo en tres regiones del planeta: en Mesopotamia, en Mesoamérica y en los Andes Centrales, es decir en el Perú (Santisteban, 1997).

Hoy conocemos que los pueblos andinos, enfrentados a una naturaleza adversa, desarrollaron sistemas tecnológicos realmente innovadores (la agricultura o la domesticación de animales) como sustentables. Aunque ello fue posible por el tipo de Estado y la disciplina social derivada, papel fundamental tuvo su cosmovisión en la que había de por medio una relación cálida entre el hombre y la naturaleza.

Frente a ello, la colonia- entre otros efectos- significó la postergación y abandono de este saber. El interés extranjero saqueó nuestros recursos e introdujo prácticas nocivas que hasta hoy perduran. La república no varió esta lógica, incorporándole su dosis de responsabilidad en la no valoración y defensa de nuestras riquezas naturales.
La cultura andina, eje vertebral de nuestra identidad nacional, es entonces tributario de esta triple herencia, por ello no todo lo propio puede considerarse como adecuado a nuestros fines de desarrollo humano y ecológico.

 El IDEAL PRAGMATICO: (El USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS)
Si bien latinoamérica tiene aportes decisivos al establecimiento de los valores de la modernidad (Quijano, 1988), sus propuestas de modos de producción, consumo, organización, comportamiento llegaron como "paquetes neocoloniales" desde los países capitalistas desarrollados (paradigmas de exitosa modernización) en el presente siglo, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. El beneficio ofrecido fue el dominio de la naturaleza y el bienestar económico y social. Los instrumentos para lograrlo: la modernización científico- tecnológica y la creciente productividad.

La propia modernidad y su ilusión de abolir la escasez y satisfacer las necesidades de vida humana, ha tenido de base la idea faústica que con el conocimiento se podía conquistar la naturaleza (Friedman, 1986; Sacks, 1990). Aunque la referida ilusión es milenaria y la idea del dominio de la naturaleza es propia de la concepción judeo cristiana en que "el hombre es el rey de la creación", es sólo con la modernidad científica y tecnológica que se adquieren los medios y la posibilidad de "hacer uso eficiente de los recursos naturales".
El mejor ejemplo de ello esta en los fundamentos y el paquete tecnológico de la llamada "revolución verde" (Gomero, 1990). Esta audaz propuesta se planteó abolir el hambre con una agricultura moderna y tecnificada, de monocultivos, alta mecanización, abonos sintéticos, plaguicidas, semillas mejoradas, sistemas de conservación, transporte, etc. Pero cuatro décadas después, la satisfacción del hambre- y otras necesidades básicas- es todavía una ilusión para millones de personas en el mundo, debido a las falacias de esta modernización instrumental.

Y en el balance de sus efectos ecológicos (depredación de recursos, deterioro de ecosistemas, contaminación de ambientes) tienen responsabilidad tanto los sistemas capitalistas como los socialistas que compartieron muchos valores económicos y tecnologías: el incremento de la productividad y la mecanización por ejemplo.
En nuestro país el ideal pragmático de la eficiencia hizo escuela en las universidades y sigue formando generaciones de profesionales agrónomos, industriales y mineros interesados sólo en la rentabilidad económica, no en la sustentabilidad del proceso productivo. Esta es todavía una actitud colonialista, pero sobre nuestros recursos.
El ambientalismo contestatario a esta realidad es el más ecuménico, le preocupa por igual el destino del hombre corno el de su entorno global. Quizá el miedo a la muerte del planeta (por la contaminación) o el miedo a la carencia (por la falta de recursos), expliquen su adherencia a una sensibilidad (desencanto de la modernidad) o al ecologismo filosófico (optimismo racionalista).

 El IDEAL ROMÁNTICO: (LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD)

En el país existe también otra racionalidad sobre la naturaleza. Están los preocupados por los parques nacionales, por la preservación de muestras de ecosistemas y especies de flora y fauna en peligro.

Este enfoque tienen su origen en uno de los mitos norteamericanos: la nostalgia por la naturaleza virgen o "wilderness' que encontraron al llegar y que luego depredaron (Schmidt, 1991). Pero además expresa un sentido romántico de la naturaleza, en la que la visión contemplativa de la vida silvestre deriva en la vocación por conservarla tal cual. Sentido de culpa moderno por la destrucción y sensibilidad estética postmodernista sustentan la opción preservacionista, al que también se le ha sumado la necesidad del conocimiento a través de la investigación pura.

La base social de este enfoque lo constituyen principalmente profesionales biólogos y forestales y su vigencia en el país se remonta al trabajo de pioneros investigadores como Raymondi o Kalinowski. Su racionalización justificatoria sustenta la importancia de revalorar nuestra biodiversidad y- últimamente- contribuir al desarrollo. Su mayor aporte al país lo constituye su apoyo a la gestión de las áreas protegidas. También las experiencia de uso sustentable de recursos por parte de poblaciones aledaños. El desarrollo es un camino para la conservación.

Dentro de este enfoque es conocida la agria polémica sostenida entre el fallecido Felipe Benavides y algunas personas y organizaciones conservacionistas. El primero, heredero de la escuela naturalista inglesa- aristocrática y romántica- de los cazadores de safaris africanos, los arqueólogos de las pirámides de Egipto o los exploradores de los polos, resaltó siempre su "aporte personal, voluntario y desinteresado" a la conservación de las ballenas, vicuñas y otras especies; nunca aceptó la idea de que ello fuera una profesión, sólo una tecnología y menos que fuese rentada.

Los segundos, formados con la escuela norteamericana- moderna y tecnificada- han dado y siguen dando su aporte calificado al país trabajando en entidades estatales o a través de organizaciones dedicadas al diseño y ejecución de planes de manejo de áreas o especies; su aporte es profesional y reciben a cambio una remuneración que- en principio- no compromete su ética de servicio y su amor por la naturaleza.

VISION INTEGRADORA:

Otra aproximación fue hecha desde el denominado etnodesarrollo entendido corno una "praxis y una política social alternativa que integre en la estructura del país, aquellas relaciones indígena- medio ambiente que han sido adoptadas eficaz y adecuadamente por los pueblos nativos de la amazonia peruana que, además de expresar una identidad étnica, permiten configurar un sistema racional y una democracia integral con reconocimiento y respeto a la diversidad" (Foy, 1989).

El antecedente legal más integrador fue el Código del Medio Ambiente promulgado en 1990. Coherente y amplio en conceptos, fue sin embargo mediatizado por carecer de suficiente sentido de viabilidad y consenso económico.

Otros esfuerzos por darle sentido operativo y viabilidad al desarrollo sostenible en el Perú se desplegaron en el proceso de preparación de la Cumbre de Río. Uno de ellos- que lamentablemente quedó trunco- fue desplegado a iniciativa de una ONG ambientalista gestado por hombres de negocios: Sociedad Pachamama. Su propuesta planteó la opción de dar "un nuevo enfoque al desarrollo" a fin de superar los problemas estructurales del país y de aportar a la solución de los problemas ambientales globales; planteaba en función de ello prioridades claras en cuatro rubros: social, económico, ambiental y científico- tecnológico. Para su viabilidad proponía una alta participación de la actividad privada y las ONGS, el apoyo del Estado y la estrecha cooperación de la comunidad internacional, esfuerzos que debían concretarse a través de un acuerdo internacional para el desarrollo sostenible del Perú (Sociedad Pachamama, 1991).

Otro esfuerzo significativo fue hecho en estrecha coordinación entre el sector público y el privado; fue el Informe Nacional que el Perú presentó a la Cumbre de Río. Allí, en la sección denominada Estrategia Nacional para la Conservación se presentó el denominado enfoque ecosocial del desarrollo con programas masivos orientados a fusionar el trabajo remunerado y el beneficio ecológico de los resultados, como a integrar adecuadamente el medio ambiente en el patrón de desarrollo de base exportadora. Para ello se plantea la concertación Estado-sociedad, la activa participación de la población organizada, la descentralización y el ordenamiento ambiental (Comisión Nacional UNCED, 1992).

En términos prácticos de la gestión, en el primer quinquenio de esta década, prosperó la opción articuladora del ambiente y la economía, pero no la articulación del ambiente y la equidad social. Expresiones de ello son las normas de promoción de la inversión privada (DL.757-91) y el conjunto de normas reglamentarias de los sectores productivos.
Este sentido se advierte también en el concepto de desarrollo sostenible asumido por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, 1997). El concepto proviene del Informe Brundtland, pero en algunos de sus términos menos conocidos: "proceso de cambio en el que la utilización de los recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales, acrecientan el potencial actual y futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas".

APORTES COMPLEMENTARIOS

Desde la experiencia de trabajo a nivel de organizaciones de la sociedad civil y tomando como referente nuestra característica de país andino- amazónico, llamamos la atención sobre algunos componentes posibles de ser considerados en la conceptualización del desarrollo sostenible en el Perú.

1.     Valoración de lo espiritual, basado en la identidad del hombre y la naturaleza, en su relación ética, estética y afectiva con la tierra, el bosque, el río y el paisaje. Por este factor el desarrollo sostenible no es sólo un asunto económico o tecnológico sino un proyecto humano que compromete el conjunto del ser.
2.     Aprecio por el aporte de las pasadas generaciones, que nos legaron (herencia) un rico patrimonio natural- cultural y un amplio bagage de conocimientos para administrarla. Con este enfoque se amplía el sentido de la responsabilidad intergeneracional moderna que es vista generalmente sólo con un sentido de futuro: las próximas generaciones. Este planteamiento posibilitará que el proyecto de desarrollo sostenible gane en base social, canalizando la adhesión de las poblaciones tradicionales andinas y amazónicas, para las cuales el respeto por los antepasados tiene igual o mayor valor que el respeto por su descendencia. Este es también un componente importante que permitirá dar sentido de identidad al proyecto global del desarrollo sostenible.
3.     Sentido de la megadiversidad, que obliga a la permanente inventiva y una macroestrategia de lo pequeño.
4.     Protagonismo de las bases, reconociendo los pequeños aportes de comunidades de base con experiencia "ancestral y gran capacidad de innovación".
5.     Operacionalización de la opción por el desarrollo sostenible en función a las necesidades, Prioridades, capacidades y expectativas de los diversos grupos que componen la sociedad nacional, como en función a las diversas etapas en que podría organizarse la transición hacia la sociedad sostenible.
6.     Contextualización real en función de la experiencia lograda (lo que ya se ha avanzado en materia de conocimientos y tecnología), así como un proceso de contextualización virtual en base a un ejercicio de simulación de escenarios a futuro.


EL TRANSITO A LA SOSTENIBILIDAD
En el país está en curso un proceso de incorporación de la relación ambiente y desarrollo a nivel de las políticas, la planificación y la gestión de los asuntos públicos. Como parte de este proceso, en los últimos años se han dado pasos importantes tanto en la readecuación técnico-normativa del sector público, como en la concertación de políticas, plazos y metas con el sector privado.

Resultado de ello, a nivel público y visto de conjunto, los avances son significativos, tanto a nivel de la normatividad y la legislación como a nivel de la gestión por parte de los sectores. A nivel privado empresarial también se han procesado cambios significativos (de indiferencia y rechazo a receptividad y compromiso), aunque muchos todavía dudan y se resisten a dar el salto definitivo asumiendo los retos de ser eficientes y competitivos bajo nuevos paradigmas de producción y consumo.

En general podría decirse que la racionalidad ecológica se esta incorporando progresivamente en la economía, constituyéndose en un nuevo factor de eficiencia y rentabilidad. Pese a ello, este avance todavía no se convierte en un factor generador de empleo, de reducción de la pobreza o de mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos: lo ambiental se esta vinculando al desarrollo económico, pero sin lograr encuentro con el desarrollo social.

A nivel de la sociedad civil son también destacables los avances en materia de conciencia ambiental. Ello ha sido posible por el saludable involucramiento de los medios de comunicación, las universidades, ONGS, los colegios profesionales, los municipios y las empresas.

Pensamos que aún falta mucho para que el país pueda considerarse ambientalmente competente, que todavía se requiere liderazgo y mejorar mucho en coordinación intersectorial, lograr una relación más cercana entre el sector público y privado, completar y modernizar nuestra legislación, potenciar al aporte de la sociedad civil, fortalecer la educación cívico- ambiental de la población, perfilar una buena eco- imagen internacional, en suma, trabajar mucho para que el Perú pueda considerarse un país sostenible.

Del equilibrio que logren el crecimiento económico, la equidad social, la democratización política, la sustentabilidad ambiental (pilares del desarrollo sostenible) dependerá si el modelo neoliberal evoluciona hacia una economía social y ecológica de mercado capaz de aportar, efectivamente, al progreso humano como a la buena gobernabilidad del país, condiciones básicas para avanzar hacia la sociedad libre, próspera y solidaria que todos aspiramos.