AMBIENTE

La iniciativa Ambiente en Acción es liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) que organiza y activa las acciones centrales del Sector Ambiente, ya sea de manera individual o multisectorial.

Luego de identificar acciones y metas concretas que contribuyan a generar un consenso social sobre los principales temas ambientales del Perú, el Ministerio del Ambiente se propone contribuir al conocimiento ciudadano, con el fin de mostrar –ordenada y sistemáticamente– las acciones concretas realizadas por el Sector Ambiental, sus resultados y su capacidad de gestión.

La Dirección de Asuntos Sociales (DAS) trabaja coordinadamente con diferentes entes nacionales que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos; y con organismos internacionales dedicadas a la agenda social internacional y a la promoción de políticas sociales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo e Integración Fronteriza El Ministerio de Relaciones Exteriores creó dentro de su estructura orgánica la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza (DDF), ente rector en los temas vinculados a la integración fronteriza, encargada de aportar al proceso de Descentralización y apoyar al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras en la promoción de acciones para el desarrollo de las regiones de frontera, así como para brindar impulso a los procesos de integración fronteriza con los países limítrofes, orientados al objetivo de construir la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. Debido a diversos factores, se han creado en las zonas de frontera importantes brechas y asimetrías internas y fronterizas que solamente podrán ser atendidas dentro de una estrategia nacional de mediano y largo plazo. La formulación y construcción de una Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza ha venido requiriendo de esfuerzos multidireccionales orientados a fortalecer su marco institucional, desarrollar normativa específica (Ley Nº 29778, Ley Marco de Fronteras), formular lineamientos concertados de política, diseñar una metodología de intervención, comprometer el financiamiento y gestionar, ejecutar y/o supervisar proyectos modélicos de responsabilidad multisectorial en las zonas de frontera. Los dos consensos más pronunciados de los grupos políticos que concurren al actual proceso electoral son la mejora de la institucionalidad ambiental y garantizar un manejo participativo y eficaz del recurso hídrico. Ambos acuerdos fluyen del reciente foro sobre desarrollo sostenible realizado por La República y Frecuencia Latina con el auspicio del JNE, IDEA Internacional, PNUD, PUCP, Telefónica y la veeduría de la Asociación Civil Transparencia. Sobre el primero de estos consensos los participantes reconocen los avances de los últimos años, desde la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Sin embargo también concuerdan en la debilidad de estos organismos frente a regulaciones ubicadas en otros sectores y la vulnerabilidad de las políticas, sea por su falta de conexión con otras partes del Estado como por la presencia de lógicas contrarias a las políticas económicas sostenibles en los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. Sobre el agua, los representantes de los partidos asistentes al foro coincidieron en la necesidad de incrementar la autonomía de la ANA y resolver los problemas de reserva, riego y servicio desde una perspectiva de cuenca y ordenamiento del territorio. En el foro se ha constatado un desigual interés de los grupos políticos por el Cambio Climático. Mientras algunos representantes ponen énfasis en su carácter transversal como desafío público, otros lo sitúan todavía como un problema estrictamente ambiental, de modo que se aprecia un escaso interés en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) aprobados por las NNUU en setiembre último. Todos los asistentes han reconocido el desarrollo experimentado por los derechos ambientales en el Perú y, en esa medida, aunque en distinta intensidad, se han expresado en favor de la aplicación de la Ley de Consulta Previa así como de otros tipos de consulta y participación de los ciudadanos en los procesos de concesión de proyectos de inversión pública y privada desde una perspectiva de diálogo y respeto de las poblaciones y de la inversión. Otros dos elementos que han concitado interés de los partidos es el desarrollo de las energías renovables aunque se constata vacíos en la legislación y retrasos en el Estado para ordenar y concesionar los proyectos. Del mismo modo, la necesidad de producir políticas más eficaces de economía limpia para que esta opción no sea marginal sino central del desarrollo económico pasa por que el Estado asuma una actitud más audaz y activa. A pesar de las debilidades de los programas oficiales presentados y sus vacíos, se aprecia que todos los grupos políticos tienen en sus filas especialistas y afiliados con una preocupación genuina ambiental y capacidad técnica instalada. Es deseable entonces que sean escuchados por sus líderes y partidos en un asunto crucial para el país.