Hacer empresa ya no es posible sin políticas de
desarrollo sostenible. El mundo no es el mismo, las
consecuencias del cambio climático son graves y afectan a todos. Solo aquellas
empresas que entiendan que deben operar bajo un nuevo modelo subsistirán.
Felizmente, hay cada vez más empresarios que la tienen clara, uno de ellos es
Paul Polman, CEO de Unilever, reconocido en el mundo por el compromiso y
liderazgo en estos temas. Polman es miembro de la Junta del Pacto Global de las
Naciones Unidas, vicepresidente del Consejo Empresarial Internacional para el
Desarrollo Sustentable, entre otros cargos. Unilever ha ganado reputación por
su compromiso con la sustentabilidad y tiene claro su propósito: “hacer
de la vida sustentable algo cotidiano”.
Polman cree firmemente que las grandes empresas tienen el poder de cambiar los
hábitos del mercado para beneficiar a la sociedad y al planeta: “Si las
empresas y los negocios no participan en esta lucha no podremos resolver el
problema. Los gobiernos solos no pueden hacerlo”. El ejecutivo reconoce
algo fundamental: algunas organizaciones olvidan su razón de existir que se
centra en resolver los problemas de la sociedad. Polman tiene claro que el
propósito social de la empresa debe irradiar con fuerza desde el centro del
negocio.
Sus
palabras no han quedado en discursos, pues durante 5 años consecutivos Unilever
se ha posicionado como la compañía número uno en sostenibilidad a nivel global
(estudio Globalscan). Detrás de ella se encuentran Patagonia, Interface, Marks
& Spencer, Natura, IKEA, Nestlé, GE, BSF, Nike, Coca-Cola y Walmart. En el
2014, la compañía alcanzó una de sus metas: no enviar residuos desde ninguna de
sus operaciones de manufactura, logística y oficinas administrativas, es decir,
son más de 240 plantas en 67 países las que hoy reciclan o reutilizan el 100%
de sus residuos.
Las
empresas deben ser parte de la solución de los desafíos que enfrentamos, no
parte del problema. Pero ello debe partir de una decisión de la alta
dirección, de un compromiso honesto. Lea en nuestra próxima edición la
entrevista exclusiva que Día 1 le hizo a Paul Polman durante su paso por Lima.
El sector
tiene facilidades para la generación de puestos de trabajo productivos en el
país.
El Perú
tiene el potencial agrario para convertirse en el principal país exportador de
etanol de segunda generación en América Latina debido a sus numerosos campos de
producción de caña de azúcar, sostuvo el director ejecutivo de Arreglo
Productivo Local de Alcohol (APLA), Flavio Castellar.
Sonia
Domínguez Enviada especial a Sao Paulo, Brasil
“Tiene
alrededor de 12 empresas azucareras que podrían ampliar sus operaciones pasando
a la fase de producción de etanol y energía eléctrica, y al mismo tiempo
continuar con la actividad azucarera”, manifestó el representante de este
clúster.
Explicó que como resultado del uso de prácticas medioambientales, la demanda
internacional por esta fuente de energía está en aumento, lo cual se constituye
en un factor de importancia para los potenciales inversionistas que están en la
búsqueda de nuevas oportunidades.
Demanda
Destacó que algunos de los principales países compradores de etanol en el mundo
son Estados Unidos, Japón, China y los países europeos. Sin embargo, resaltó
que cada vez hay más empresas que buscan incorporar esta fuente de energía en
su matriz energética.
Como resultado de sus diversas visitas al Perú, comentó que tiene
conversaciones avanzadas con el Grupo Gloria para el aprovisionamiento de
maquinaria y tecnología desarrollada para la producción de etanol en forma
competitiva.
Agregó que otras azucareras con ventajas para explorar esta producción son
Paramonga, el Grupo Oviedo, Andahuasi, Pucalá y Tumán.
En este caso, dijo que lo más conveniente es optar por la producción
diversificada, es decir, producir azúcar, etanol y energía eléctrica a partir
de este insumo. “Esto ayuda a tener operaciones más sostenibles en el tiempo”.
Apuntó que el etanol puede ser utilizado para combustible de aviones,
desarrollar la bioquímica y el plástico verde (de gran demanda internacional),
entre otros productos.
Castellar destacó que otra de las ventajas de desarrollar esta industria en el
Perú es su capacidad para la generación de puestos de trabajo directo. Así, por
cada millón de dólares invertidos en esta industria se logran crear, por lo
menos, 100 empleos.
“Solo para la instalación de una planta destinada a la producción de etanol de
segunda generación se necesita alrededor de 350 millones de dólares”,
manifestó.
Subrayó que haber pasado a la producción de etanol de segunda generación
implica la elaboración de un producto más competitivo debido a que utiliza el
bagazo de la caña de azúcar, que antes era considerado producto de deshecho.
Por otro lado, dijo que la empresa APLA dispone de la tecnología necesaria para
colaborar con el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), que se
está implementando en el Perú.
“La prioridad es generar valor agregado que impulse la creación de puestos de
trabajo y eleve la competitividad del país”, aseveró.
Inversiones
La instalación de pequeñas plantas de producción de etanol en zonas rurales de
la selva se constituiría en una alternativa interesante para la generación de
empleo productivo y de energía eléctrica que atienda su zona de influencia,
sostuvo Castellar.
“Conversamos sobre el tema con autoridades del Gobierno, pero está pendiente
debido a que incorporaría la participación del sector privado”, manifestó.
Agregó que se trata de una alternativa efectiva considerando que este tipo de
plantas demanda una reducida inversión y permite elevar la calidad de vida de
las personas que están a su alrededor.
“Tiene un claro efecto de inclusión económica y social porque muestra una gran
facilidad para generar empleo, además implica un reducido impacto en gases de
efecto invernadero y la disminución en el uso del petróleo”, agregó.
Punto x punto
El etanol es un compuesto químico obtenido de la fermentación de azúcares que
puede utilizarse como combustible, solo o mezclado en cantidades variadas con
gasolina.
Su uso se extendió principalmente para reemplazar el consumo de derivados del
petróleo.
La mezcla de etanol y gasolina se conoce como gasohol o alconafta.
La
demanda internacional por esta fuente de energía está en aumento.
Valor de la consulta previa
La celebración exitosa de consultas previas en el sector minero ha permitido
que el empresariado y las comunidades lleguen a acuerdos mediante el diálogo,
un proceso que debe servir como modelo en futuros esquemas de inversión de
actividades extractivas para evitar conflictos sociales. La Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía ha destacado ese conjunto de experiencias en un
país en plena etapa de expansión que requiere del ingreso de capitales a fin de
continuar su desarrollo.
Este
logro ha sido posible con la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios (N° 29785), porque desde que la norma fue publicada en
setiembre del 2011 ya se realizaron 17 consultas y ninguna de ellas ha retraído
el arribo de capitales al país para consolidar la economía. Hace unos días, el
Ministerio de Energía y Minas informó que ha culminado con éxito el proceso
correspondiente al proyecto de exploración minera La Merced (Áncash), a cargo
de la Minera Barrick Misquichilca, el cual culminó de manera satisfactoria,
pues los tres anteriores se lograron en el 2015, con los proyectos de Aurora
(Cusco), Toropunto (Áncash) y Misha (Apurímac).
La aplicación de esta norma generó, en un primer momento, cierto rechazo de los
propios pueblos originarios y algunas reticencias del sector privado, cuyos
operadores en los últimos años enfrentaron conflictos sociales con la ejecución
de actividades extractivas, básicamente. Sin embargo, desde que la Ley de
Consulta Previa se aplica, esos temores se han ido diluyendo en la práctica; lo
que consolida la institucionalidad del país porque la norma recoge el espíritu
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El cumplimiento de esta norma constituye, sin duda, un avance significativo
para el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos
indígenas en el Perú y sientan las bases para un proceso de largo aliento, que
debe ser reforzado con el diálogo porque somos un país multicultural, con un
mosaico de culturas, lenguas y tradiciones, así como de visiones diversas del
mundo.
Al hacer un balance de los cerca de cinco años de vigencia de la Ley de
Consulta Previa se puede concluir que se han logrado resultados positivos
habida cuenta de que el capital privado se ha mantenido porque las empresas,
frente a alguna observación formulada a su proyecto de inversión, la absuelven
meses después.
También se descarta la existencia de alguna evidencia sobre la retracción de
las inversiones en zonas donde se asientan las comunidades originarias. Ello
ocurre porque la consulta previa no es un veto, sino un proceso de diálogo con
la población indígena a la que el Estado reconoció un derecho.
Con esa experiencia, lo más valioso de la consulta es que permite al Estado
lograr acuerdos sostenibles con las comunidades nativas porque entrega la
información necesaria mediante el diálogo horizontal y les hace sentir que son
parte de las reglas de juego.
La
celebración exitosa de consultas previas en el sector minero ha permitido que
el empresariado y las comunidades lleguen a acuerdos, un proceso que debe
servir como modelo.
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